Macrodesalojo en Mataró: cómo se cerró el cámping ilegal en zona protegida
Mataró amaneció entre sirenas, chalecos reflectantes y el eco de una operación de proporciones históricas. El macrodesalojo del cámping ilegal levantado en un enclave agrícola protegido no solo puso fin a años de irregularidades urbanísticas: expuso, además, la fragilidad de un asentamiento sin licencia de actividad, sin medidas de protección contra incendios y con un riesgo acumulado que crecía con cada bombona de gas y cada cable eléctrico improvisado.
Un operativo sin precedentes en la costa del Maresme
Más de 300 efectivos, entre Mossos d’Esquadra, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, se desplegaron desde primera hora de la mañana. A ellos se sumaron inspectores municipales, técnicos de Protección Civil y brigadas de empresas suministradoras. El objetivo: clausurar un cámping pirata de 160 parcelas instalado en una zona agrícola colindante al Parc Natural del Montnegre i Corredor. El terreno, de 15 hectáreas, estaba clasificado como espacio forestal protegido y, sin embargo, se había convertido en un núcleo urbano encubierto.
El riesgo latente: incendios en un entorno sin planes de emergencia
El gran argumento que precipitó la intervención fue el riesgo de incendio. En los meses previos, tres fuegos habían amenazado la zona periurbana. El campamento carecía de salidas de evacuación, hidrantes o simples rutas señalizadas. Cocinas de gas, braseros, cableado eléctrico irregular y acumulación de residuos conformaban un cóctel explosivo. Nada de plan de emergencias, nada de protocolos de evacuación, ni siquiera un inventario de riesgos. En definitiva, un asentamiento vulnerable e indefenso ante un incendio forestal.
Hoy en día, ningún negocio puede abrir sus puertas sin acreditar el cumplimiento de las normativas en materia de licencias de apertura, declaraciones responsables o licencias de obras. Y en todas ellas, la variable común es innegociable: contar con equipos de protección contra incendios homologados. La realidad es contundente: sin ellos, no hay permiso que prospere ni actividad que pueda sostenerse legalmente. Aquí radica la gran enseñanza que deja Mataró.
En ese punto, no es casual recordar la importancia de disponer de extintores certificados y mantenidos, porque constituyen la primera línea de defensa en cualquier escenario de riesgo.
El recorrido legal hasta la clausura
El Ayuntamiento de Mataró llevaba meses tejiendo la red jurídica que permitiría actuar. El alcalde firmó decretos, notificó a la empresa arrendataria y dio plazos para presentar alegaciones. Ninguno de esos requerimientos obtuvo respuesta. La clausura era inevitable. El consistorio, además, solicitó autorización judicial para retirar instalaciones, cortar suministros y precintar estructuras peligrosas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona avaló el operativo. La legalidad quedaba cubierta, la seguridad debía imponerse.
En paralelo, se constató que el cámping seguía en funcionamiento pese a las notificaciones. Alquiler de parcelas, pequeñas edificaciones y huertos improvisados reforzaban la imagen de una urbanización clandestina. Y sin embargo, ninguna de esas ocupaciones cumplía los requisitos mínimos para obtener licencia. Ni mucho menos disponer de un extintor por parcela, como exige la normativa más básica.
La ausencia de señalización y la seguridad olvidada
Las inspecciones técnicas descubrieron un paisaje de improvisación: conexiones eléctricas ilegales, depósitos de combustible ocultos, cobertizos de madera sin tratamiento ignífugo. Un caldo de cultivo perfecto para el fuego. Pero lo más alarmante no era solo lo material, sino lo intangible: la ausencia total de señales de protección contra incendios, esas que guían a la gente en medio del humo, que indican salidas de emergencia, que salvan vidas en los primeros minutos del caos.
Este caso ilustra con crudeza la diferencia entre legalidad y clandestinidad. Cualquier establecimiento que pretenda abrir en España, desde un restaurante hasta una nave industrial, debe presentar un proyecto técnico que detalle la ubicación de los extintores, la señalización fotoluminiscente y los sistemas de evacuación. En el campamento, nada de eso existía. Ni lo más elemental.
La otra cara: realojos y atención social
Mientras unos equipos clausuraban instalaciones, otros atendían a las familias desalojadas. Cruz Roja y Bienestar Social del Ayuntamiento organizaron un dispositivo de acompañamiento. Personas con movilidad reducida, necesidades médicas específicas o situaciones de vulnerabilidad encontraron asistencia en medio de un escenario tenso. El realojo fue parcial y progresivo, pero permitió que muchas personas recuperaran parte de su estabilidad. El drama humano estaba presente, pero no podía anteponerse a la urgencia de frenar el riesgo.
Un espacio protegido que regresa a la legalidad
El suelo afectado pertenece a una inmobiliaria con historial de expedientes urbanísticos. La empresa lo había arrendado a terceros que, a su vez, lo explotaban en forma de parcelas de alquiler. Todo ello en un terreno donde ni siquiera es legal instalar un cámping. La disciplina urbanística había quedado en suspenso demasiado tiempo. Ahora, con el precinto, se intenta restaurar la legalidad y devolver la condición de espacio protegido a una zona que nunca debió ser urbanizada.
Investigación penal y tolerancia cero
La División de Investigación Criminal de los Mossos abrió una causa paralela por delitos urbanísticos y medioambientales. Se practicaron registros en viviendas y parcelas vinculadas a la gestión del cámping. El secreto de sumario impide conocer todos los detalles, pero la dirección es clara: perseguir penalmente a quienes se enriquecieron explotando un terreno ilegal, generando riesgo y desprotección.
La lección que deja Mataró
Lo ocurrido en Mataró es algo más que un macrodesalojo. Es un recordatorio. La seguridad no es un añadido burocrático, es un requisito vital. Los equipos de protección contra incendios, la señalización y los planes de emergencia son tan esenciales como el agua corriente o la electricidad en cualquier proyecto de apertura. No hay excusas, no hay atajos. Las licencias de actividad y las declaraciones responsables solo se sostienen sobre la certeza de que el fuego, si aparece, encontrará un muro de contención.
El cámping ilegal de Mataró se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando se ignoran las normas. Y el operativo que lo clausuró demuestra que la prevención, en tiempos de cambio climático y veranos cada vez más secos, es un terreno en el que no caben ilegalidades.
Hoy, Mataró respira más tranquila. El espacio protegido recupera su condición, los riesgos se reducen y el debate público vuelve a situarse en un punto crucial: no hay desarrollo económico, ni turístico, ni social que pueda construirse de espaldas a la seguridad. Y la seguridad, en el terreno urbano y empresarial, se llama protección contra incendios. Sin ella, todo lo demás es un castillo de naipes.